El pasado mes de enero, las asociaciones Escaño33, Sesión de Control y Enraizados se rebelan contra la corrupción, promoviendo un Manifiesto por la Regeneración Democrática. En este manifiesto se recogían medidas concretas para la regeneración de nuestro sistema político y para conseguir la necesaria transparencia de los partidos políticos.
Recogimos tu apoyo y el de miles de ciudadanos conscientes. Entregamos al Gobierno y a los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria las miles de firmas recogidas. Gracias al esfuerzo y a la demanda de todos y a tu actuación como ciudadano consciente, este pasado viernes, 20 de septiembre, el Gobierno aprobó el Informe del Plan de Regeneración Democrática donde se recogen la práctica totalidad de las medidas planteadas en nuestro manifiesto. Hoy es un día para felicitarte y para felicitarnos. Queremos especialmente agradecer tu colaboración para conseguir una España más democrática. De esta crisis sólo saldremos si los ciudadanos damos un paso adelante decidido para ser los responsables de nuestro destino obligando a nuestra clase política a servir y dar cuentas a la sociedad. Es fundamental que se establezcan mecanismos eficientes que cuenten con medidas que dificulten la corrupción y que expulsen de la vida política a los corruptos.
Adjuntamos el Informe aprobado por el Gobierno y el Manifiesto promovido por nuestras Asociaciones.
Aprobado el Informe del Plan de Regeneración Democrática
El Consejo de Ministros ha estudiado y aprobado, en su reunión de hoy, un Informe de la Vicepresidenta del Gobierno sobre el Plan de Regeneración Democrática.
El documento contiene un amplio catálogo de medidas para luchar contra la corrupción y mejorar los mecanismos de respuesta y detección de que dispone el ordenamiento jurídico.
Tiene su origen en una propuesta del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, y en una Resolución Parlamentaria que cosechó un amplio acuerdo. La voluntad del Gobierno, reiterada por el Presidente en su comparecencia parlamentaria del pasado 1 de agosto, es que las medidas del Plan se abran al consenso con todas las fuerzas políticas en un proceso de diálogo que el Ejecutivo iniciará con los grupos políticos de forma inmediata.
El plan consta de cuarenta medidas que afectan a una decena de leyes, distribuidas en tres paquetes normativos.
Las medidas son las siguientes:
CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
• Responsabilidad en las cuentas. Regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos.
• Rendición de cuentas. Comparecencia anual obligatoria en el Parlamento del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos políticos.
• Obligatoriedad de presentación de cuentas. Obligación de todos los partidos políticos de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, independientemente de si reciben o no subvenciones.
• Transparencia en las cuentas. Obligación de reflejar en la cuenta de ingresos de los partidos políticos todas las subvenciones, así como las donaciones que superen la cuantía que se establecerá en la ley.
• Regulación de la aprobación de cuentas. Regulación obligatoria, en los estatutos de cada partido, del procedimiento de aprobación de sus cuentas.
• Regulación de las contrataciones. Obligación de aprobar directrices de contratación por parte de los partidos políticos.
• Registro de fundaciones y asociaciones vinculadas. Inscripción obligatoria en el Registro de Partidos, de forma que cada partido político declare qué entidades se encuentran vinculadas a ellos.
• Control de las fundaciones y asociaciones vinculadas. Refuerzo de los mecanismos de control sobre su actividad económica y financiera.
• Definición de las fundaciones y asociaciones vinculadas. Determinación explícita de los criterios que determinan la vinculación a un partido político.
• Colaboración pública en la fiscalización de las cuentas. Refuerzo de la fiscalización mediante fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y organismos públicos como la Agencia Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses.
• Colaboración privada en la fiscalización de las cuentas. Refuerzo de la fiscalización mediante la colaboración obligatoria de las entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas.
• Ampliación del régimen de infracciones. Se amplían las infracciones aplicables a los partidos políticos, incluyendo -además de las muy graves- las infracciones graves y leves, con sus correspondientes plazos de prescripción.
• Ampliación del régimen de sanciones. Se prevén sanciones para las nuevas infracciones graves y leves.
• Refuerzo del cobro de las sanciones. Posibilidad de cobro de las sanciones en periodo ejecutivo por parte la Agencia Tributaria.
• Mejora del procedimiento sancionador. Clarificación del procedimiento sancionador, subsanando deficiencias en la normativa.
• Retención de las subvenciones. Retención del pago de subvenciones a los partidos políticos que no presenten sus cuentas, previa comunicación del Tribunal de Cuentas.
• Control de las subvenciones. Se da rango legal a la obligación de los partidos políticos de cumplir los mismos requisitos que cualquier otra entidad privada para concurrir a las convocatorias de subvenciones.
• Creación de partidos. Se elimina el requisito de nacionalidad española para para crear partidos políticos, en coherencia con la normativa comunitaria.
REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
• Codificación de obligaciones y derechos del cargo público. Establecimiento, en una norma con rango legal, de las obligaciones y derechos de los cargos públicos de la Administración General del Estado, corrigiendo la actual dispersión normativa.
• Concreción del ámbito de aplicación. Definición explícita del concepto de cargo público de la Administración General del Estado.
• Transparencia. Mayor publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales.
• Concreción presupuestaria de las retribuciones. Las retribuciones de los cargos públicos deberán figurar en las normas presupuestarias de forma clara y homogénea.
• Homologación total del régimen de protección social. Los altos cargos contribuirán al régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos y, por lo tanto, con los mismos derechos en el régimen de pensiones públicas.
• Concreción de los gastos de representación. Delimitación de los usos a los que pueden ser destinados los gastos de representación. Los límites fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en ningún caso podrán ser ampliados.
• Prohibición de tarjetas de crédito. Justificación estricta de los gastos reembolsables, acreditando su necesidad para las funciones inherentes al cargo.
• Refuerzo de la oficina de conflicto de intereses. Ampliará sus funciones y reforzará sus medios.
• Fiscalización. Fiscalización ex post del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, una vez abandonen su puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado.
• Colaboración. Colaboración de la Oficina de Conflicto de Intereses con organismos como la Agencia Tributaria.
• Control. Modificación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para ampliar el elenco de «personas con responsabilidad pública».
RESPUESTA PENAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
• Nuevo régimen de sanción penal para los partidos políticos. Se crearán nuevos delitos relacionados con la financiación de partidos, recogiendo por primera vez de forma explícita el delito de financiación ilegal de partidos políticos.
Refuerzo del marco penal aplicable en los principales delitos asociados a la corrupción:
• Prevaricación.
• Cohecho.
• Tráfico de influencias.
• Fraudes y exacciones legales.
Refuerzo de las consecuencias de los delitos de corrupción:
• Prohibición de contratar con las administraciones. Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para prohibirá a los condenados por prevaricación, falsedad en las cuentas de los partidos políticos o financiación ilegal, entre otros, contratar con la Administración Pública.
• Nueva pena accesoria. Inhabilitación especial en los delitos de tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegales para prohibir a los condenados -además de contratar con la Administración Pública- recibir subvenciones o ayudas públicas, o recibir beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.
Mejoras procesales
• Agilización del procedimiento. El juez podrá decidir la no acumulación de procedimientos para agilizar la instrucción y el enjuiciamiento.
• Separación de responsabilidades. Se podrá separar la determinación de la responsabilidad civil de la penal, para no entorpecer el desarrollo de ninguno de los dos procedimientos.
• Racionalización del régimen de recursos. Se racionalizará la regulación de los recursos para evitar su uso con efectos dilatorios del proceso en la fase de investigación.
• Recuperación de activos procedentes de los delitos de corrupción. Se refuerzan las garantías en el proceso penal para evitar que los condenados se lucren con los efectos del delito.
Nuestro manifiesto
Estimado Portavoz en el Congreso de los Diputados:
Por la presente me adhiero al
MANIFIESTO POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA: ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES
Ante la situación política actual donde aparecen casos de corrupción graves que afectan a todos los partidos, los ciudadanos de la sociedad queremos hacernos presentes en la vida pública para exigir a nuestros políticos medidas urgentes y eficaces para establecer controles adecuados que pongan fin a esta corrupción exagerada e inaceptable.
Los partidos son los máximos responsables del deterioro que está sufriendo la imagen de la política y nuestra democracia. En consecuencia, deben dar un paso firme, decidido y ejemplarizante en el proceso de regeneración democrática.
El Barómetro del CIS revela desde febrero de 2010 que la clase política y los partidos políticos constituyen el tercer problema más grave para los ciudadanos. En noviembre, mes del último informe publicado, solo el paro (80,6%) y los problemas de índole económica (42,7%) se sitúan por encima. Y la distancia entre la preocupación por un problema y los otros decrece respecto a Barómetros anteriores. Tras los escándalos conocidos desde noviembre la preocupación de los ciudadanos y la desconfianza hacia nuestras instituciones ha crecido considerablemente. La corrupción y el fraude, tan relacionado con los partidos y la clase política, escalan al cuarto problema en la percepción de los españoles en los datos adelantados del Barómetro de diciembre.
La actual situación demuestra que las prácticas y la legislación existente hasta el momento no son adecuadas ni suficientes. Por otra parte, como ciudadanos conscientes y responsables, no podemos esperar que los propios causantes del problema vayan a poner los medios para resolverlo. La sociedad civil debe controlar a sus representantes políticos exigiéndoles transparencia e información continuas, acabando con la falacia de que sólo deben informar y responder ante los ciudadanos cada cuatro años.
Por todo ello exigimos de los dirigentes de los partidos políticos la adopción de las siguientes medidas, conforme a las recomendaciones del informe GRECO del Consejo de Europa y de los Códigos de Buenas Prácticas de Asociaciones sin ánimo de lucro:
1.- Publicación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de resultados, Memoria explicativa de las mismas) del ejercicio debidamente auditadas por profesional o entidad de reconocido prestigioso en los primeros seis meses desde el cierre de las mismas.
2.- Consolidación de las Agrupaciones locales de los Partidos en sus cuentas anuales acabando con la existencia de cuentas paralelas que no son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.
3.- Consolidación de las Fundaciones y asociaciones dependientes de los partidos en sus cuentas anuales, acabando con la falta o deficiencia de fiscalización de sus ingresos y gastos.
4.- Creación de un formato común para las cuentas y rendimientos de los partidos con objeto de que la información sea lo más coherente y comparable posible entre los mismos y entre periodos anuales.
5.- Detalle de todos los préstamos recibidos: importes, tipos de interés, plazos de devolución. Renuncia expresa a cualquier tipo de condonación de los mismos. Prohibición legal de este tipo de condonaciones, evitando de esta forma que los préstamos concedidos y condonados se utilicen para eludir las disposiciones y límites sobre financiación política
6.- Publicación de un Código de Buen Gobierno que recoja las Buenas Prácticas internacionales de dirección de Asociaciones sin ánimo de lucro. Creación de Auditorías Internas independientes en los Partidos Políticos.
7.- Publicación de la estructura directiva del partido (organigrama, curriculum vitae de sus miembros, competencias y funciones y remuneración íntegra que recibe cada uno por su dedicación al partido o por cargo público y si son compatibles con otros de otra naturaleza). Una persona, un sueldo: Renuncia a acumular más de un sueldo por persona.
8.- Curriculum vitae de todos y cada uno de los cargos electos del partido y de sus directivos internos. Declaración de bienes y rentas ampliando a otros cargos electos e internos lo ya obligatorio para diputados y senadores. Esta información debe estar actualizada.
9.- Número de afiliados e importe de las cuotas totales recibidas de los mismos.
10.- Análisis semestral del grado de cumplimiento del programa político con el que se presentaron a las elecciones, o de las propuestas para llevarlo a cabo en caso de ser oposición.
11.- Publicación del informe del Tribunal de Cuentas sobre los Estados Financieros del Partido (y no solo del resumen que este órgano realiza con años de retraso) y dotación de medios al mismo para que pueda publicarlo en el año siguiente al de las cuentas con mención expresa de las medidas que van a desarrollar para cumplir sus prescripciones.
12.- Detalle de subvenciones públicas recibidas, organismo que las concede, destino dado a los fondos. Compromiso de estudiar un régimen de transición hacia la autofinanciación. Renuncia inmediata a cualquier dinero público que no sea el correspondiente a procesos electorales como medida inicial de dicha transición.
13.- Información fácilmente accesible de todos los puntos anteriores en la página web del partido político.
14.- Reforma de la ley electoral determinando listas abiertas y estudiando un sistema que de verdad consiga la representación política mediante la cercanía del representante al representado (modelo alemán).
15.- Dimisión inmediata de cualquier cargo público o responsable interno del partido que sea imputado.
16.- Procedimiento de urgencia en las diligencias relacionadas con la corrupción política. Endurecimiento de las penas. Aumento de la pena de inhabilitación para cargo público a 30 años.
17.- Garantízar la independencia del Poder Judicial: elección directa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por Jueces y Magistrados.
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