¿Está legitimado a pedir que se cumpla la Constitución y las leyes aquel que las incumple a su conveniencia?

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Como anticipó hace años Jaime Mayor Oreja estamos asistiendo a una profunda crisis en España como nación y como país. Crisis que tiene su epicentro más activo en estos momentos en el órdago de secesión unilateral de una parte de nuestra querida Patria.

Un argumento poderoso contra dicha secesión unilateral, defendido por los partidarios del cumplimiento de la legalidad, es el de la soberanía nacional plasmada en nuestra Constitución. Rajoy insiste en este punto y no le falta razón desde un punto de vista jurídico positivo.

Ahora bien ¿está legitimado a invocar la Carta Magna y su cumplimiento aquel que la ignora olvidando incluso sus propios compromisos?

Recordemos que el Partido Popular, con su Presidente a la cabeza, se había comprometido a derogar la Ley Aido. Había afirmado que se ajustaría a la llamada jurisprudencia constitucional (que como defensor de toda vida no me gusta pero es la que es). Sin embargo a punto de acabar la legislatura no ha reformado la ley ni tan siquiera ha pedido al Constitucional que se pronuncie.

Bien está que el alto Tribunal dictamine de forma inmediata sobre actos del Parlamento catalán que violan la soberanía nacional y ponen en peligro el bien común de los españoles, pero si quieren ser coherentes, con una premura al menos similar deben enjuiciar o en su defecto suspender mientras la analizan una ley que está amparando la destrucción de más de 100.000 vidas al año en España, vidas que no se podrán recuperar.

Lo que hoy necesita España es regeneración ética. Regeneración que solo puede venir de convicciones profundas que van más allá de las meras luchas partidistas. De ahí la importancia de las tradiciones religiosas incluso para los no creyentes. Pero lo mínimo que se debe exigir a nuestros políticos es una mínima coherencia. Presidente, cumpla con la Constitución, y defienda la derogación de la Ley Aido y el rápido Pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Si no lo hace, no tendrá legitimidad para pedir que otros no cumplan aquella parte de la Constitución que tampoco les gusta o “que no toca”.

José Castro Velarde

Presidente de Enraizados, una voz católica en la vida pública

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