La portavoz de la Fiscalía General del Estado de Texas, Lauren Bean, aplaudió la posición del Tribunal Supremo y afirmó que las regulaciones del aborto son «de sentido común y perfectamente constitucionales».
Sin embargo, Cecile Richards, presidente de Planned Parenthood, multinacional abortista y una de las peticionarias, destacó que «la ley está bloqueando el acceso de las mujeres a un procedimiento legal y seguro, lo que ha sido un derecho constitucionalmente protegido durante 40 años».
Una parte de esta ley ya fue bloqueada en octubre, lo que ha obligado a muchos abortorios a cerrar, ya que exige a los médicos estar afiliados a un hospital a 48 kilómetros y muchos centros carecen de esta acreditación.