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Una ley que no ha seguido los cauces legales adecuados para aprobarse, al no haberse sometido al debate público ni se han tenido en cuenta la opinión de los jueces, es incompatible con la Constitución española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no respeta el principio de proporcionalidad jurídico (al no estar garantizado un sistema de cuidados paliativos accesible para todos); y lo que es más grave, pone a los pacientes terminales en una situación de vulnerabilidad absoluta.
Sería terrible que la ley se empiece a aplicar en tres meses y fuera declarada inconstitucional tres años después.
Estamos haciendo llegar a los magistrados y diputados una petición exponiendo todos los motivos que explican la inconstitucionalidad de esta ley de eutanasia y cómo se ha llevado a cabo. Puedes firmar aquí
En primer lugar, como publicaba el diario ABC el sábado, día 13 de marzo, en España no se han respetado los plazos para que hubiera un debate social serio. Mientras que en nuestro país dicha ley se haya querido regular en 6 meses, los últimos países que la regularon, Nueva Zelanda y el estado de Victoria (Australia), se dieron entre 12 y 18 meses para aplicar la nueva legislación. Y alertaba: “los médicos avisan de que la ley de eutanasia se va a aplicar en España «sin garantías mínimas»”.
Como analizaba el Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Don Julio Banacloche Palao en la conferencia ‘¿Qué se esconde tras la nueva ley de eutanasia?’ organizada por Enraizados y retransmitida desde nuestro canal de Youtube y que puedes volver a ver aquí , hay numerosas lagunas jurídicas en esta ley de eutanasia, y dejó probada su inconstitucionalidad con argumentos muy claros y contundentes:
Es una LEY OPACA, porque en la práctica se ha llevado en secreto y no se ha producido un debate social.
El Gobierno se ha saltado trámites para acelerar la aprobación de la citada ley, al ir directamente al Parlamento como Proposición de Ley y no como proyecto de ley.
NOTA EXPLICATIVA: Lo normal es que el gobierno presente Proyectos de ley al Congreso, pero eso le obliga a tener en consideración una serie de informes de instituciones estatales (Ministerio Fiscal, Consejo de Estado y Consejo del poder Judicial), así como llevar a cabo un debate con la oposición y con Comités de expertos, en el Congreso, antes de su aprobación.
En el Gobierno ha decidido ahorrarse estos trámites porque les ha faltado la valentía de someter la ley a contradicción, someterla a un debate de los propios órganos del Estado: tenía miedo de que se hicieran púbicos los muchos fallos de la ley. Sin embargo, aunque no se lo pidieron, el Comité de Bioética de España si hizo público su informe, advirtiendo de algunos peligros graves de la ley; pero el Gobierno, como era de esperar, hizo caso omiso de este informe.
Por tanto, lo primero que hay que tener claro es que el procedimiento no es el adecuado para aprobar una ley, y menos una ley de tanta trascendencia.
Pero hay muchos más argumentos como recogemos en la petición que hemos hecho llegar a los señores magistrados y señores diputados de varias formaciones políticas. Te las resumimos brevemente:
Es un TEXTO CONTRADICTORIO, ya que se fundamenta en un derecho individual que se niega a muchas otras personas. La pregunta que nos hacemos, ya que estamos hablando de suicidio asistido es, ¿por qué en unos casos sí y en otros no? Ante alguien que desea suicidarse, la respuesta de la gente y del Estado normalmente no es darle facilidades; sino antes bien al contrario, tratar de convencer a esa persona para que desista de su idea, animarle y darle motivos para vivir.
LEY INCOMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y CON EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Vulnera el artículo 15 de la Constitución Española, que afirma expresamente: todos tienen derecho a la vida.
LA LEY DE EUTANASIA NO RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Es decir; no hay garantizado un sistema nacional de cuidados paliativos accesible a todos.
LA LEY Ignora el papel de los jueces para la protección de los derechos fundamentales.
Por último tampoco es legítimo ni legal obligar a aquellos profesionales que se nieguen a matar a un paciente o a colaborar en su suicidio que se den de alta en un registro.