El informe pretende manifestar la incoherencia de reclamar derechos para un colectivo al mismo tiempo que se limitan la libertad de expresión y de conciencia de la sociedad en general
Se recogen ataques a la libertad de educación, a la Justicia, a la Iglesia, a las libertades individuales, de expresión, de prensa, a la medicina y a la familia
La Asociación Enraizados, una voz católica en la vida pública, ha elaborado un informe sobre las víctimas de las legislaciones que el lobby LGTB ha impulsado. El informe hace hincapié en varios ataques ocurridos tras la promulgación de leyes calificadas como de “igualdad y género”, y que camuflan, a juicio de la Asociación, una ideología totalitaria que persigue a todo aquél que piensa de forma diferente. El informe revela ataques en los ámbitos de la educación, la justicia y la religión, así como sobre todo el abanico de libertades de la sociedad española (y mundial en algún caso).
Entre los casos que reflejan ataques contra la educación, el informe recoge el sufrido por Carlos Martínez, director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que se tradujo en un acoso continuado con noticias falsas sobre la escuela, con el fin de provocar su cierre. Asociación Enraizados denuncia también otros casos en los que ya no sólo los educadores y los colegios sino los propios padres son sustituidos por el Estado “a la hora de ejercer la libertad de elección de la educación y desarrollo sexual de sus propios hijos, todo ello dirigido y tutelado bajo el control por parte de las asociaciones afines a las nuevas líneas de ingeniería social”.
Entre los ataques contra la justicia, Asociación Enraizados recoge la llamada «sentencia Cassandra» en el que la asociación Arcópoli denunció a la Fiscalía por dirigirse a la persona transgénero Cassandra por su “nombre asignado al nacer”; se daba el caso de que esta persona transgénero era procesada por la Fiscalía por un presunto delito de ofensa a los sentimientos al humillar en las redes sociales a las víctimas de terrorismo.
Este informe también destaca los ataques que la Iglesia y sus representantes. Recoge el caso de Monseñor Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares, denunciado por presunta ¨provocación a la discriminación¨, y en que el juez competente finalmente dictaminó que sus palabras no contenían una injuria a los homosexuales en general ni tampoco una llamada a la discriminación por su orientación sexual; o el del Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, cuyas palabras, de acuerdo con lo determinado por el juez que falló a su favor ¨no incitan al odio, ni contra la violencia contra los colectivos o la discriminación»
El informe tiene particular relevancia en el contexto de la celebración del llamado «Orgullo Gay», que alega celebrar la libertad de pensamiento y expresión, ya que recoge múltiples casos en los que tal libertad fue vulnerada por los propios colectivos homosexuales y las llamadas leyes de «igualdad». José Castro Velarde, Presidente de la Asociación Enraizados, revela que “la libertad de expresión se ve coartada, a veces con métodos agresivos por las llamadas leyes de igualdad y no discriminación; y resulta paradójico que los que estos días celebran sus derechos pretendan negarlos a aquellos que tienen otra visión de la vida. Si ellos se han sentido perseguidos, debieran ser los primeros en evitar los errores que hayan sufrido en sus personas”.
El informe puede descargarse en el siguiente enlace:
https://enraizados.org/wp-content/uploads/2018/07/victimas-de-ley-LGTBI_vf.pdf