Como precedente de esa Década Ominosa, es obligado referirse al Trienio Liberal, un período que se inicia en 1820 para fenecer en 1823 con otra invasión francesa, la de los Cien Mil hijos de San Luis, ansiosos de revancha ante la derrota sufrida por las tropas francesas en la guerra de la Independencia. Atrás quedó la Constitución de Cádiz y sus postulados de instaurar la libertad, la igualdad y la propiedad como ejes fundamentales de las relaciones entre los ciudadanos. Una opción liberal que, sin despreciar la tradición secular española, pretendió seguir los pasos de la Revolución Francesa. El encabezamiento de la Constitución, surgida de dicho movimiento, es definitorio en tal sentido ya que, mencionando a Dios como autor supremo y legislador soberano, así como al ausente Fernando VII como Rey de las Españas, también determinaba que la soberanía residía en la Nación, es decir, en el pueblo como detentador de un derecho exclusivo: la promulgación de leyes por medio de las Cortes. El enconamiento entre «afrancesados», entregados al dominio napoleónico, y los «realistas», divididos a su vez en absolutistas, jovellanistas y radicales, fieles a la dinastía Borbón, se mantuvo durante tal trienio hasta que los Hijos de San Luis penetraron en España con la aquiescencia verbal de Inglaterra, siempre proclive al derrumbe del Imperio español ya en decadencia.
De todo ello arranca esa Década con el retorno de Fernando VII, y sus desastrosos gobiernos, durante la segunda restauración absolutista. Un absolutismo monárquico, de 1823 a 1833 que, superado el sexenio absolutista y el trienio liberal, contempló la división de sus propios partidarios. Mientras unos se tildaron de «reformistas», es decir, moderadores de los poderes reales, siguiendo las advertencias de la Santa Alianza, los otros se consideraron «ultras», también titulados absolutistas «apostólicos», defensores de la total instauración de los poderes monárquicos. Con el añadido de ser partidarios de la sucesión de Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando, al no tener este, todavía, sucesor. Reinstaurada la monarquía absolutista, la represión contra los liberales fue cruenta. La mayoría huyó a Francia, Inglaterra y Portugal, propiciando lo que ha venido en llamarse «hispanismo», o interés por lo español. Mientras tanto, se instituyó una dura censura y se retornó a reaccionarios estudios universitarios.
En el epicentro de todo ello, Fernando VII, enfermo, temeroso de morir sin descendencia y fallecida su tercera esposa, en 1829 toma la decisión de casarse con María Cristina de Borbón Dos Sicilias. A los pocos meses promulga la Pragmática Sanción, aboliendo la Ley Sálica de su padre Carlos IV y con ella la prohibición a las mujeres de ser sucesoras. Efectivamente, al escaso mes de promulgada la Pragmática, la reina anunció su embarazo, para en octubre de 1830 nacer la futura Isabel II, de tan infausta memoria personal pero no tan infructuoso reinado. Tal hecho produjo una gran desolación en los partidarios de Carlos María Isidro, «buen español, buen católico y verdaderamente buen liberal», que ya en 1827 habían propiciado la Guerra dels Malcontentos o Descontentos, siendo su principal escenario Cataluña. Sin embargo, en 1830, el triunfo de la revolución en Francia, y el establecimiento de Luis Felipe I, conformando una monarquía parlamentaria, motivaron a los liberales exiliados, partidarios del restablecimiento de la Constitución de 1812, mediante pronunciamientos y levantamientos como el de Torrijos de diciembre de 1831 que acabó con el fusilamiento de todos sus integrantes sin juicio previo en las playas de Málaga. La afamada Mariana Pineda ya había sido ajusticiada a garrote vil.
Nos aproximamos a los sucesos de La Granja, en el verano de 1832. Los ultras no se conformaron con la vigente situación. Enfermo el Rey, presionaron a la reina, especialmente el ministro Francisco Tadeo Calomarde, convenciéndola de que el ejército no aceptaría su regencia. Su pretensión no era otra sino derogar la Pragmática Sanción y recuperar la vigencia de la Ley Sálica, lo cual representaba nombrar sucesor al hermano del Rey, supuestamente a las puertas de la muerte. María Cristina, con gran temor de una guerra civil, consiguió la firma de su esposo y los «ultras» sus objetivos. Sin embargo, el 1 de octubre el moribundo rey recobra la salud, destituye a los ministros «carlistas», embaucadores de su esposa, y el 31 de diciembre deroga el decreto anulando la Pragmática Sanción, que empero no haberse publicado, los carlistas se habían dado especial prisa en divulgar. Pero no acaban ahí los desmanes de esa Década.
Heredera de nuevo Isabel con dos años, constituido un nuevo gobierno figurando como Secretario de Estado el absolutista Francisco Cea Bermúdez, sin la presencia de los «ultras», se va a la búsqueda de una transición política que permita, tras la muerte del rey Fernando, la regencia de María Cristina. Se promulga una amnistía el mismo día de la constitución del gobierno, se reabren las universidades cerradas por el ministro «ultra» Calomarde y se propicia el retorno de los liberales exiliados. Unos liberales que, empero las concesiones, se niegan en absoluto a aceptar como sucesora a Isabel y como posible regente a su madre la reina María Cristina. Tanto fue así que, hasta el propio hermano de Fernando VII, se negó a prestar juramento de fidelidad a su sobrina como Princesa de Asturias. Tal hecho provoca la reacción de Fernando que expulsa de España a su hermano. Así, el 16 de marzo de 1833, Carlos María Isidro y su familia se marchan a Portugal. Unos meses después, el 29 de septiembre de 1833, el rey Fernando VII muere, iniciándose otra guerra civil por la sucesión a la Corona entre «isabelinos», partidarios de Isabel II, también llamados «cristinos» por su madre, que asume la regencia, y «carlistas», partidarios de su tío Carlos. Y con ello, acabó esa Década Ominosa para entrar en las guerras carlistas de tan infausta memoria.
Francisco Gilet