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Sin duda era una medida discriminatoria para el pueblo de Dios y que era necesario denunciar. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla León había acordado el sábado 16 de enero, medidas que suponían un nuevo ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos, al restringir a un tercio el aforo en los lugares de culto, estableciendo un máximo de 25 personas.
En el resto de establecimientos en cambio, locales comerciales y servicios abiertos al público no podían superar el 50% del aforo permitido, sin limitación máxima siempre que no se supere dicho porcentaje.
Esto suponía un ataque al ejercicio de la libertad de culto y más al tener en cuenta que, por ejemplo, la Catedral Nueva de Salamanca tiene un aforo de 1.400 personas. ¿Y sólo permitían 25? La irracionalidad era manifiesta.
Gracias a la respuesta de los fieles a distintas iniciativas, entre ellas la de Enraizados, y a la acción de los Obispos de las Diócesis de la región, se ha podido al menos mitigar este injustificado ataque a la libertad religiosa.