Nota de prensa: Enraizados ha presenta ante el CGPJ la queja de más de 12.000 ciudadanos contra la defensa de la profanación del Juez Otamendi

Nota de prensa: Enraizados ha presenta ante el CGPJ la queja de más de 12.000 ciudadanos contra la defensa de la profanación del Juez Otamendi

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  • En el auto, el magistrado califica las formas consagradas de “objetos pequeños y redondos”
  • “El Juez defiende el robo de lo más sagrado para un católico y su uso y profanación para obras blasfemas”, explica el presidente de Enraizados
  • La Asociación Enraizados pide de la Administración de Justicia un uso del lenguaje respetuoso con las creencias religiosas
  • Puedes ver aquí la Queja presentada.

Madrid, 7 de diciembre de 2016-  Este miércoles 7 de diciembre, el presidente y la vicepresidenta de Enraizados, José Castro Velarde y María Isabel Moreno, han presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, apoyada por 12.402 personas, en protesta por el auto del Juez Otamendi.

En este documento, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, Don Fermín Otamendi Zozaya, dictaba auto de sobreseimiento (dejarle libre sin ningún tipo de sanción) para Abel Azcona por el robo de numerosas formas consagradas y el uso de las mismas en una exposición blasfema en Pamplona. Esta queja ha sido respaldada por 12.402 personas (mediante petición en change.org), siendo la queja con más respaldo social en materia de derechos presentada ante este organismo.

En el auto, el Juez Otamendi calificó las formas consagradas de “objetos blancos y redondos de pequeñas dimensiones”.  “Esta definición –explica José Castro Velarde, presidente de Enraizados- es como si definimos un cuadro como un trozo de tela y defendemos su robo porque solo era un trapo”. “En el auto del Juez Otamendi se defiende el robo de lo más sagrado para un católico, las formas consagradas, y su uso y profanación para obras blasfemas”, concluye Castro.

La Asociación Enraizados pide de la Administración de Justicia el respeto y defensa de la libertad religiosa que conlleva la sanción penal ante comportamientos de profanación. Asimismo, reclama en los autos y sentencias un uso del lenguaje respetuoso con las creencias religiosas.

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