La Asociación Familiar Bagara ha tramitado una denuncia (con sello de registro ante el Gobierno vasco) por las últimas acciones para evitar que las familias puedan elegir libremente que sus hijos cursen la asignatura de Religión. En un concepto de educación integral, todas las dimensiones de la persona (incluida la dimensión trascendente o religiosa) deben estar presentes. A continuación reproducimos la citada denuncia:
Un misionero surcoreano detenido en Corea del Norte ha confesado que ha cometido delitos contra el Estado en un intento por establecer una iglesia clandestina, conforme a un vídeo dado a conocer este jueves por la agencia estatal de noticias KCNA.
Ayer, 24 de febrero de 2014, se cumplieron 10 años de la muerte de Don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, un pastor humilde, cercano a sus fieles, que desprendía bondad y que regalaba una sonrisa a cada persona con la que se cruzaba.
Una persona de su diócesis nos cuenta una anécdota que demuestra estos rasgos de personalidad:
Nos llega la noticia desde Maracaibo de que un sacerdote fue golpeado por un miembro de la Guardia Nacional cuando acompañaba a los manifestantes venezolanos. El Padre José Palmar es párroco de la Iglesia de Guadalupe.
Así lo narran desde Venezuela: «Según testigos, uno de los uniformados le golpeó el estómago. El golpe provocó que le hiriera el baipass y, por la inhalación de gases lacrimógenos, se desmayara en la calle. Los manifestantes los socorrieron y hasta ahora se desconoce su situación. Uno de los socorristas fue William Barrientos, diputado a la Asamblea Nacional y médico de profesión».
Este miércoles tuvo lugar la presentación del último libro de Mons. D. Fernando Sebastián, “María, Madre de Jesús y Madre nuestra”, en el salón de actos del Colegio de las Esclavas, en calle Liborio García, de Málaga. El sacerdote diocesano José Antonio Sánchez Herrera ha sido el encargado de presentar la obra.
La Asociación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia contra la concejal socialista de Boadilla del Monte (Madrid), Yolanda Estrada Pérez, por un presunto delito recogido en el artículo 510 de Código Penal contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.